Los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila comenzaron en los primeros días de este año; ambos se presentan como la antesala para la elección presidencial en 2024. Los partidos políticos están decididos a conformar coaliciones y tendrán que estar muy atentos a no cometer actos ilícitos y cuidar que no haya involucramiento del crimen organizado en las campañas.
Esta Señal COPARMEX pretende realizar una reflexión sobre la necesidad de blindar la política social y sus instrumentos (como son los programas, becas y apoyos) para evitar su uso político, porque creemos que los ciudadanos merecen ejercer su derecho al voto con total libertad. En Coparmex nos pronunciamos con total contundencia a favor del voto libre y razonado.
Contexto
Se ha dicho que “por el bien de todos, primero los pobres” y en COPARMEX coincidimos con este principio, por ello, promovemos el Modelo de Desarrollo Inclusivo que pone a las personas y su desarrollo integral en el centro de la toma de decisiones. Consideramos que uno de los mayores pendientes nacionales es que no se ha logrado la coincidencia entre el discurso y la realidad; dolorosamente la cifra de personas en condición de pobreza ha aumentado en lo que va de la presente administración.
De acuerdo con la última medición de la pobreza de CONEVAL, en nuestro país del 2018 al 2020, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%; quiere decir que pasamos de tener 51.9 millones de personas en condiciones de pobreza a 55.7 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema aumentó de 7.0% a 8.5%, pasando de 8.7 millones a 10.8 millones de personas.
Estas cifras son alarmantes: aproximadamente 4 millones de mexicanos más comenzaron a tener dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Y se sumaron 2.1 millones a la pobreza extrema, personas que sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar y no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica.
Respecto de las carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020, es un aumento de 12 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%. Es decir, se incrementó en 15 millones el número de personas que no tienen acceso a servicios de salud. Se aprecia muy lejana la posibilidad de contar con un sistema como el de Dinamarca donde prácticamente cada habitante tiene a un médico familiar asignado y donde tiene asegurada la atención hospitalaria en el sistema público.
A nivel regional, 19 entidades federativas presentaron un incremento en el porcentaje de la población en situación de pobreza. La principal razón nos la da la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI. Gracias a ella sabemos que la caída en los ingresos totales de los hogares se debe a una caída en los ingresos laborales.
Efectividad de la política social, riesgo de uso clientelar
Frente a ello, la política social podría considerarse como un instrumento oportuno para -de forma subsidiaria- apoyar a las familias. Lo que nos preocupa es que mientras el gasto social se ha incrementado, su efectividad para el combate a la pobreza ha resultado limitada; no obstante, es altamente susceptible de utilizarse con fines político-electorales al existir padrones de beneficiarios opacos, al no contar con reglas de operación formales y técnicamente respaldadas, al ejecutarse mediante una red de operadores poco institucionalizados y al entregarse en muchos lugares a través de dinero en efectivo.
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Cobertura
Se ha insistido desde el gobierno que el 70% de los hogares mexicanos reciben, al menos, un apoyo social; no obstante, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE), se puede apreciar que sólo 3 de cada 10 hogares en el país son beneficiarios de algún programa.
Análisis a partir de la ENIGH señalan que en 2020 los programas sociales llegaron al 35% de los hogares más pobres, mientras en 2016 esos apoyos llegaban al 61%. Además, la distribución de estos ingresos tampoco ha beneficiado a los más pobres. La política social del gobierno actual es menos redistributiva, pues 10% del monto total de transferencias llega a 10% de los hogares más pobres, en comparación con el 18% del monto total que se distribuía en 2018.
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Más recursos, poca transparencia
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó que para 2023 el dinero presupuestado para transferencias gubernamentales ―vía programas sociales― es, por mucho, el mayor del sexenio. Para este año se asignaron 865 mil 227 millones de pesos para programas sociales, un aumento en términos reales de 18.8% en relación con lo autorizado para el 2022. Si se compara la cifra para 2023 contra la del inicio del sexenio, ha crecido una cuarta parte (25.7%) el presupuesto para este rubro; más de la mitad de los 865 mil millones (58.8%) se destinarán a ocho programas sociales prioritarios.
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Uso clientelar de los programas
El pasado 4 de enero, el titular del Ejecutivo federal afirmó que “ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos […] es un asunto de estrategia política”, lo que podría sugerir que existe una estrategia para captar una mayor cantidad de votantes a través de los programas sociales de forma clientelar.
El llamado de COPARMEX
Ayudar a quienes menos tienen no debe ser un cálculo político, sino una convicción y un compromiso social y en favor del desarrollo inclusivo. Hoy, los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos para estudiantes de bajos recursos, están garantizados, se elevaron a rango constitucional para que no puedan eliminarse pero requieren blindarse ante el uso político o clientelar.
Podría generar suspicacias que para este año el presupuesto para los programas clave haya crecido de forma exponencial; por ejemplo, el de adultos mayores 36.6% y el de Jóvenes en Educación Media Superior (que podrían ser primeros votantes en 2024) un 20%.
Estamos a favor de la política social, creemos que es indispensable para garantizar que todas las personas y familias cuenten con lo necesario para vivir, que no les falte alimento, recursos para su vestido o vivienda. No obstante, como lo hemos analizado, la política social actual tiene serios problemas de efectividad en materia de cobertura, de capacidad redistributiva y de garantías para evitar coacción electoral.
Por ello, destacamos 5 acciones concretas para blindar los programas sociales del uso político-electoral:
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Creemos que en materia de efectividad una de las primeras soluciones es que los apoyos deben focalizarse para que realmente lleguen a quienes los necesitan, evitando entregarse de forma indiscriminada;
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Debe abrazarse la transparencia comenzando por los padrones de beneficiarios y los mecanismos para incorporarse o salir del padrón;
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Son necesarias reglas de operación técnicas y formales que eviten cualquier tipo de condicionamiento y que clarifiquen que los programas no están sometidos a la voluntad de ningún funcionario o partido político;
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La reciente reforma electoral (con elementos todavía pendientes de aprobación) poco abona para combatir el clientelismo y la compra de votos; no endureció sanciones, por el contrario debilitó a las instituciones sancionadoras. Debe enmendarse para fortalecer las acciones en contra de quienes cometen actos irregulares;
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Es necesario generar conciencia ciudadana para no dejarse corromper, denunciar cualquier acto irregular e informarse para ejercer un voto razonado.
En COPARMEX somos altamente políticos pero totalmente apartidistas. Por eso impulsamos la campaña Participo, Voto, Exijo para que haya más debates donde los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos y más espacios para que estos se expresen.
Y defendemos que el voto sea libre, secreto y directo, por eso hacemos un llamado para que se preserve la equidad en las contiendas de este año y en la que vendrá en 2024. Exigimos que se destierren las malas prácticas porque queremos que nuestra democracia se consolide.
¡Ni un paso atrás! México debe fortalecer su democracia.
