Ciudad de México, 31 de noviembre de 2025. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) manifiesta su preocupación ante los hechos ocurridos en el albergue Casa de las Mercedes, ubicado en la Ciudad de México, donde fueron rescatadas alrededor de 35 a 40 niñas y adolescentes en un operativo derivado de denuncias por presuntos delitos de abuso sexual y trata de personas. Igualmente, por el rescate de 28 jóvenes procedentes de la frontera de Chiapas durante un operativo efectuado en altamar, frente a las costas del municipio de Ahome que fue realizado por la Secretaría de Marina (Semar).
Estos hechos, aislados en la casualidad del momento en que ocurrieron, muestran el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes en México cuando sus vidas se cosifican y mercantilizan, cuando no hay garantía a vivir una vida libre de violencia. En el caso del albergue, todo indica que hubo al menos una víctima de violencia de género y sexual; mientras que en el de los adolescentes, el rescate evidencia un patrón de reclutamiento o de trata, además de explotación en ambas situaciones.
En diversas ocasiones, REDIM ha llamado la atención para que existan políticas públicas que garanticen efectivamente el interés superior de la niñez, ante las continuas violaciones a los derechos humanos de infancias y adolescencias que viven institucionalizadas, bajo la protección especial del Estado, incluso en esquemas subrogados. En estos casos, la violencia, el encierro, la falta de adecuada supervisión y de condiciones y protocolos que garanticen un abordaje con enfoque de derechos generan entornos propicios para la vulneración de sus derechos. No es la primera vez que observamos estos dolorosos casos[1].
Hacemos un llamado a todas las instancias federales, locales y a la sociedad en su conjunto para que se investigue lo ocurrido en ambos casos y se procure una ruta de restitución de derechos para las niñeces y adolescencias que han sido víctimas. Para el caso de las niñas de Casa de Las Mercedes, una investigación pronta, expedita y efectiva será clave, como lo será el inexcusable encuentro con la ley de quienes resulten responsables. Animamos a las autoridades a establecer un paradigma, en esta nueva administración, que observe y resuelva las fallas estructurales, sin reducir éste a simplemente un caso. Y en el caso de los niños y adolescentes rescatados en el golfo de California también será fundamental una investigación que vaya al fondo de las responsabilidades por posible trata o reclutamiento, pues argumentos que reduzcan la gravedad asumiendo que fue “voluntaria” su circunstancia, ignoran el estándar que señala que se debe asumir que hay una situación de violencia, extorsión o utilización en la motivación de estos hechos. Colocarles cuanto antes en condiciones seguras a todas y todos; generando determinaciones individualizadas, será vital con la premisa de la restitución de sus derechos.
Reiteramos nuestra disposición para colaborar técnicamente con las autoridades en el fortalecimiento de protocolos de protección, acompañamiento y monitoreo de la niñez no sólo institucionalizada, sino para quienes están en riesgo de ser víctimas de reclutamiento, cuyo delito aún no es tipificado por nuestro país, o de trata. Instamos a que estos casos se asuman como paradigmáticos para garantizar la dignidad, integridad y seguridad de todas las niñas y adolescentes víctimas, involucradas en situaciones como éstas.
Asimismo, llamamos a cuidar la exposición pública de la niñez y adolescencia para evitar la revictimización mediática derivada de la cobertura de los hechos en redes sociales y medios de comunicación.
[1] Los casos de “La gran familia” con “Mamá Rosa” en Michoacán, 2014; o la Ciudad de los Niños, en Guanajuato, 2016 son dos de los más recordados.
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