En México, las asociaciones civiles son un motor silencioso que sostiene, empuja y transforma sectores clave como la educación, la salud, la cultura, la asistencia social y la defensa de derechos humanos. Su trabajo atiende necesidades inmediatas y construye las bases para un desarrollo más equitativo y sostenible.
Sin embargo, su labor suele pasar desapercibida en la conversación pública. No siempre ocupan titulares ni encabezan agendas políticas, pero los datos cuentan otra historia. Según cifras del INEGI, el sector no lucrativo (que agrupa a instituciones públicas, asociaciones privadas sin fines de lucro y trabajo voluntario) generó en 2022 un valor total de 823 mil 413 millones de pesos, equivalente al 2.9 % del Producto Interno Bruto nacional. Dentro de ese monto, las asociaciones privadas aportaron 0.7 % y el trabajo voluntario 0.8 %.
El sector generó 2 millones 860 mil 425 puestos de trabajo en 2022, lo que representa el 7.3 % del empleo en México. De esos empleos, el 58.7 % fueron remunerados, mientras que el 41.3 % correspondió a trabajo voluntario, un indicador del compromiso social de millones de personas que, sin esperar retribución económica, dedican su tiempo y habilidades a causas que consideran urgentes y necesarias.
A pesar de su relevancia, estas organizaciones enfrentan obstáculos que limitan su alcance. El acceso a financiamiento constante es uno de los principales, así como la complejidad de los trámites para obtener la figura de “Donataria Autorizada”, indispensable para recibir donaciones deducibles de impuestos. La burocracia puede retrasar proyectos y reducir su capacidad de respuesta ante emergencias o necesidades urgentes.
Actualmente, se tienen registradas más de 43 mil 400 organizaciones de la sociedad civil en el país, pero se estima que muchas más operan sin formalizarse. Esta falta de registro oficial puede impedirles acceder a recursos, alianzas o beneficios fiscales, y limita el reconocimiento de su impacto real.
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