Omar Mendoza, CEO HDI México
En un contexto donde las preocupaciones ambientales ocupan un lugar central en la agenda pública, las empresas en México enfrentan un desafío significativo: gestionar los riesgos asociados al daño ambiental. Con regulaciones estrictas y sanciones severas, no solo está en juego el cumplimiento legal, sino también la reputación y sostenibilidad de las organizaciones.
En México, cuatro leyes principales regulan los temas ambientales, imponiendo multas que pueden superar los 40 millones de pesos, además de sanciones como el cierre temporal de operaciones o la revocación de permisos. A esto se suman los costos asociados con la remediación de daños al medio ambiente y a la sociedad civil. Ejemplos recientes muestran la magnitud del riesgo: una empresa tuvo que destinar cerca de 2,000 millones de pesos a un fideicomiso para reparaciones ambientales. Estos casos subrayan la necesidad de adoptar un enfoque proactivo en la gestión de riesgos ambientales.
Otro riesgo financiero significativo para las empresas es la interrupción operativa derivada de incidentes ambientales, que genera costos elevados. En el sector manufacturero, el cierre temporal de operaciones puede representar pérdidas de hasta 39,000 dólares por hora, afectando gravemente la rentabilidad.
Con casi 1,000 ONG ambientales activas en el país, la sociedad cuenta con una red de actores clave que contribuyen a la protección del medio ambiente y al desarrollo de mejores prácticas empresariales. En colaboración con el gobierno y la sociedad civil, estas organizaciones ayudan a fortalecer la conciencia ambiental y a generar un diálogo constructivo sobre la relación entre la industria, las comunidades y el entorno.
Además, el auge de las redes sociales —con 90 millones de usuarios en México en 2024, según Comscore— representa un arma de doble filo para las empresas: una mala gestión de crisis puede amplificar el daño reputacional y financiero de manera exponencial.
Seguro ambiental: un aliado estratégico
El seguro ambiental emerge como una herramienta esencial para mitigar los riesgos asociados con el daño ambiental. Este tipo de cobertura protege a empresas, propietarios y contratistas frente a las consecuencias financieras de la contaminación, ya sea gradual o súbita, como en casos de filtraciones de tanques o derrames de residuos. Además, facilita el cumplimiento de normativas ambientales cada vez más estrictas, al cubrir riesgos relacionados con la remediación, demandas legales y accidentes ambientales.
Si bien esta cobertura es fundamental para sectores de alto riesgo ambiental, como la industria química, el transporte y las energías renovables, también es relevante para otras industrias y sectores de servicios, con exclusiones y límites negociables. Por ejemplo, no cubre contaminación intencional ni condiciones preexistentes, lo que subraya la importancia de realizar evaluaciones preventivas.
Ante este panorama, contar con una estrategia efectiva de gestión de riesgos es imprescindible. La combinación de prevención, cumplimiento normativo y herramientas financieras como el seguro ambiental no solo protege a las empresas de posibles sanciones, sino que también refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
A medida que las regulaciones ambientales se endurecen, las empresas deben adoptar un enfoque integral para gestionar sus riesgos. Esto implica no solo cumplir con la ley, sino también invertir en soluciones estratégicas como el seguro ambiental, que permite enfrentar los desafíos financieros y reputacionales derivados de un incidente.
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