domingo, 29 de enero de 2023

La pasividad en el caso Esquivel Mossa es un suicidio para las instituciones involucradas.




CDMX, 29 de enero de 2023,.- La pasividad mostrada por las instituciones involucradas directa e indirectamente en el caso Esquivel Mossa se convierte en un suicidio para las mismas, advirtieron abogados especialistas quienes afirmaron que en este caso puede existir tanto la salida legal como política o ética.


Convocados por México Justo para la mesa de diálogo “Título o Cédula ¿Cuál de los dos Habilita el Ejercicio de una Profesión?, los expertos coincidieron en el sentido de que la UNAM, la SEP, la Fiscalía, la propia SCJN e incluso el congreso dañan su imagen al mostrar casi total pasividad en este caso.


El suicidio institucional de estos organismos es un asunto que los ciudadanos no debemos permitir porque a final de cuentas se trata de las instituciones de la gente”, por lo que la sociedad misma debe exigir que estos organismos busquen una alternativa para que la ministra Yasmín Esquivel deje su cargo ante la evidencia de plagio en su tesis profesional.


Alejandro Zeind Chávez, socio del despacho Zeind & Zeind y catedrático de la facultad de derecho de la UNAM, aseguró que la Universidad deberá resolver los vacíos normativos que tienen ante la insuficiencia en su reglamentación para darle solución a este caso.


La foto que se tiene hoy de la normatividad interna de la UNAM es insuficiente para resolver esta situación, aunque en un país decente ya debía la ministra haber renunciado”.


Es pertinente que en la construcción de las propias normas de la UNAM se le den facultades al tribunal universitario o al rector para que puedan actuar ante este tipo de situaciones, con el fin de salvaguardar el prestigio de la institución educativa, una de las más serias de nuestro país.




Por su parte Ramon Cabrera, abogado egresado de la UNAM, afirmó que el caso Esquivel Mossa tiene una considerable cantidad de incidencias de derecho, sociales e incluso de propiedad intelectual, que deben analizarse para encontrar la sanción apegada a la norma.


Aseguró que la sanción de la ministra Yasmín Esquivel debe ser jurídica conforme a las diversas leyes involucradas en este tema.

La voz de la sociedad se convierte en estos casos en un rechazo social que puede ser canalizado a través de colegios y asociaciones especializadas, y manifestó que Esquivel por el momento tendrá la autoridad legal para ejercer su trabajo, pero carecerá de la legitimidad suficiente para hacerlo.


En tanto, José Lee Hidalgo, asesor en derecho fiscal, manifestó que la presencia de la ministra Esquivel Mossa en la Corte no sólo desprestigia la profesional de la abogacía, sino también a la propia SCJN, al resto de los ministros y al Poder Judicial en su conjunto.


Por lo anterior, deberían los propios ministros tomar cartas en el asunto y ejercer la presión necesaria para que la ministra deje su cargo cuanto antes.


Los especialistas analizaron una serie de alternativas legales, con base en la Ley Reglamentarias de la UNAM, de la a Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, entre otras, con el fin de conocer si es el título o la cédula profesional la que habilita para ejercer una profesión como la abogacía en México, en especial en un cargo de tanta relevancia como el de ministra de la Corte.

Los expertos, a pesar de sus diferencias de visión, coincidieron en el sentido de que puede haber diversos caminos legales, sin descartar incluso la opción ética, que permitirían anular el título de la abogada Esquivel Mossa y en consecuencia su cedula profesional.


El Estado de Derecho en México, coincidieron finalmente, venía en un proceso de desarrollo lento pero ascendente. “Pero ahora existe una sensación de impunidad, en donde no pasa nada, en donde corromperse es más importante que cumplir la ley, en donde las influencias son más importantes que la sociedad misma que ha sido desdeñada".


En donde una Corte que como poder se ha visto rebasada por un escándalo que en otras circunstancias habría sido de una fácil solución con la salida forzada de la ministra o una Fiscalía capitalina inoperante al servicio del proyecto gubernamental actual”.



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