Se
trata de un fenómeno estructural que se manifiesta a través de múltiples
circuitos viciosos, señala el informe anual Panorama Social 2016 difundido hoy.
(30
de mayo, 2017) Entre 2008 y 2015 la desigualdad en la distribución del ingreso
de las personas disminuyó en América Latina gracias a la prioridad que le
dieron los países a los objetivos de desarrollo social, pero su ritmo de
descenso se enlenteció entre 2012 y 2015 y los niveles actuales siguen siendo
muy elevados para alcanzar el desarrollo sostenible, alertó hoy la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La
distribución del ingreso es solo una de las dimensiones de la desigualdad
analizadas en el informe anual Panorama Social de América Latina 2016,
presentado en conferencia de prensa por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,
Alicia Bárcena, en Santiago, Chile. El estudio también ahonda en las
desigualdades en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, en las asociadas a
la condición étnico-racial y las que se evidencian en las distintas etapas del
ciclo de la vida.
“La
desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades de
América Latina y el Caribe, que se manifiesta a través de múltiples circuitos
viciosos. Avanzar hacia su reducción significativa es uno de los objetivos de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por todos los países de
la región en 2015. Esta agenda aboga por que nadie se quede atrás”, expresó
Alicia Bárcena.
El
coeficiente de Gini para los ingresos personales en 2015 mostró un valor
promedio de 0,469 para 17 países de América Latina (0 representa ausencia de
desigualdad y 1 desigualdad máxima), un nivel considerado alto. Si bien el
índice disminuyó 1,2% anual en promedio entre 2008 y 2012, el ritmo de descenso
bajó a la mitad entre 2012 y 2015 (0,6% anual).
Estos
avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos laborales de
los sectores de menores ingresos, gracias a políticas activas como la
formalización del empleo y el aumento real de los salarios mínimos en varios
países, explica la CEPAL. También fue notable el incremento de las transferencias
monetarias hacia los estratos de menores ingresos.
Pese
a lo anterior, a través de un análisis complementario de la distribución
funcional del ingreso en la región, se observa que las mejoras distributivas
recientes no estuvieron necesariamente asociadas a un reparto más equitativo
del capital y el trabajo.
Esta
edición del Panorama Social también llama la atención sobre la estructura de la
propiedad (de activos físicos y financieros) como un factor fundamental de la
reproducción de la desigualdad en la región. Por medio de un estudio de caso,
se constata que la distribución de la riqueza es aún más desigual que aquella
medida solo por los ingresos corrientes de las personas.
Por
ello la CEPAL insiste en la necesidad de impulsar un cambio estructural
progresivo en América Latina y el Caribe, que genere empleos de calidad -con
derechos y protección social-, mayores niveles de productividad y mejores
retribuciones del factor trabajo.
El
informe advierte asimismo que las mujeres siguen sobrerrepresentadas en los
quintiles de menores ingresos y que su tiempo total de trabajo (que equivale a
la suma de las horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
con aquellas dedicadas al trabajo remunerado) es superior al de los hombres, lo
cual limita su autonomía económica.
Las
mujeres destinan hasta un tercio de su tiempo al trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado, mientras que los hombres solo un 10%. Más aún, el valor
económico del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, y que no se
contabiliza en el PIB, equivale aproximadamente a un quinto del mismo, subraya
el organismo regional.
La
condición étnico-racial es otro factor de desigualdad estructural en América
Latina, afirma la CEPAL. En la región viven alrededor de 130 millones de
personas afrodescendientes (2015), aproximadamente 21% del total de la
población. Aunque Brasil y Cuba concentran el 91% del total regional, la
población afrodescendiente está presente en todos los países de América Latina.
En 14 de ellos se han creado instituciones y mecanismos gubernamentales de
combate al racismo y promoción de la igualdad racial, y se ha fortalecido la
legislación de protección de sus derechos.
Este
grupo de la población también está sobrerrepresentado en el estrato socioeconómico
de menores ingresos y sufre desigualdades profundas en todas las áreas del
desarrollo social, que se expresan, por ejemplo, en mayores tasas de mortalidad
infantil y materna, de embarazo adolescente y de desempleo, y en menores
ingresos laborales (en comparación con los no afrodescendientes), revela el
estudio.
En
el capítulo dedicado al gasto social se señala que este alcanzó en 2015 su
máximo histórico: 10,5% del PIB para el gobierno central y 14,5% del PIB para
el sector público (como promedio simple regional). La protección social (5%),
la educación (4,6%) y la salud (3,4%) siguen siendo las funciones de mayor
importancia en relación con el PIB.
Pese
a lo anterior, los presupuestos de gasto social 2016-2017 registran
contracciones en la mayoría de los países, mientras las estimaciones del PIB
son en general de crecimiento moderado, por lo que la CEPAL llama a resguardar
y cautelar el financiamiento de las políticas sociales para dar sostenibilidad
a los avances alcanzados y hacer frente a los desafíos vigentes.
Para
desactivar los circuitos viciosos de la desigualdad es necesario utilizar un
enfoque sistémico, recalca la Comisión. Las políticas públicas deben garantizar
la titularidad de derechos, se debe reconocer y potenciar el trabajo productivo
y de calidad como la llave de la igualdad y como instrumento por excelencia en
la construcción del bienestar, y se debe universalizar la protección social a
lo largo del ciclo de la vida (la infancia y adolescencia, la juventud, la edad
adulta y la vejez), con una mirada sensible a las diferencias, recomienda la
CEPAL.
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