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jueves, 6 de septiembre de 2018

La desaparición forzada de Rosendo Radilla

A 44 años de su desaparición forzada a manos del ejército en Zihuatanejo, Guerrero, la familia de Rosendo mantiene la esperanza de encontrarlo con vida y lograr justicia. Han sido 4 décadas de dolor, frustración y desilusiones. 

Se ha cumplido un año más desde la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de militares en un retén en la carretera federal de Zihuatanejo, Guerrero. Se suman 44 años de búsqueda incansable por parte de su familia; 44 años de dolor transformado en digna lucha, en empatía hacia otras familias que, desde la denominada “Guerra Sucia” comparte este horror producto de políticos de Estado. Ese Estado que ha ponderado intereses políticos y económicos antes que la dignidad, vida y bienestar de la sociedad.
Desde entonces, han pasado cuatro generaciones que Rosendo no ha podido conocer: nietas, nietos, bisnietos e incluso tataranietos. Ellos han sabido de su abuelo por las historias contadas en familia, noticias en televisión, semblanzas escritas en su honor. Saben que aquél 26 de agosto de 1974, el Ejército no sólo les arrebató a su abuelo, también a una parte de su familia que por más de cuatro décadas ha dedicado sus pensamientos, esfuerzos, días de fiesta y de desolación a la búsqueda del paradero de Rosendo Radilla.
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Su familia se ha dedicado a la búsqueda de la verdad para conocer quiénes fueron los perpetradores de este crímen de lesa humanidad. Han buscado la justicia que les ha sido negada, así como a tantas miles de familias que, al día de hoy, siguen buscando a sus familiares desaparecidos. El caso de Rosendo, así como el de los más de 37 mil desaparecidos en México es producto de dos guerras donde los más afectados han sido civiles; cuya participación en esta guerra se ha reducido al infame término de “daños colaterales”.
La lucha de la familia Rosendo Martínez inició, primero, al enfrentar el miedo a denunciar. En el año de la desparición forzada de Rosendo Radilla, el contexto impedía cualquier posibilidad de denuncia ante las autoridades estatales. Durante la década de los 70, tan sólo en el estado de Guerrero, la colusión entre militares con las autoridades estatales resultó en la desaparición forzada de más de 450 personas.
En la década de los 90, se vio la primera posibilidad de que sus exigencias públicas sobre la presentación con vida de Rosendo Radilla Pacheco y de los otros desaparecidos de la época, así como sus demandas de castigo a los culpables, se pudieran comenzar a investigar penalmente. Sin embargo, vino la segunda afronta, acompañada de la desilusión e impaciencia ante la inacción de las autoridades para investigar. Las mismas autoridades declinaron la competencia de la investigación a favor del fuero militar, garantizando así nula independencia e imparcialidad en la indagatoria, lo que llevo a la irremediable impunidad.
A inicios de la década de los 2000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 26/2001 en la que reconocía que el Estado mexicano incurrió en una práctica sistemática de desapariciones forzadas con motivo de la “Guerra Sucia”. Lo anterior, conllevó a la emisión del decreto presidencial del 27 de noviembre de 2001 que dio vida a la Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
No obstante, cinco años más tarde vendría otra afrenta seguida de la frustración ante la noticia de que se disolvería la FEMOSPP frente a su contundente fracaso al no lograr esclarecer ni un solo caso, una vez más la justicia les fue negada y está vez no fueron los militares, sino el propio fuero civil.
A finales de la década, una nueva esperanza se alojaría en las hijas e hijo de Rosendo Radilla, cuando el caso traspasó fronteras y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella se buscó denunciar y visibilizar la falta de voluntad del Estado mexicano para investigar y sancionar a los responsables. También se buscaba que las fuerzas armadas a dar información sobre lo sucedido con Rosendo Radilla luego de su detención y posterior desaparición.
Finalmente, el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana concedió la razón a la familia Radilla Martínez al emitir una sentencia condenatoria contra México por diversas violaciones a sus derechos humanos. Además señaló al Ejército como responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, encomendando diversas medidas de reparación a favor de la familia.
A casi diez años de aquella sentencia internacional, las esperanzas una vez más han sido arrebatadas para esta familia quienes siguen exigiendo justicia a las autoridades mexicanas. La sentencia de la Corte Interamericana sigue vigente en tanto que los puntos recomendatorios más importantes para la familia Radilla Martínez siguen sin cumplirse por el Estado mexicano:
  1. El derecho a la verdad para conocer la suerte y el paradero de Rosendo,
  2. El derecho a la justicia para ver finalmente sancionados a los responsables intelectuales y materiales de su desaparición forzada y
  3. El derecho a la reparación plena e integral, incluida la atención médica y psicológica que por más de cuatro generaciones han padecido de distintas maneras las y los descendientes de Radilla Pacheco.
Este año, en un intento más por alcanzar la justicia, se presentaron dos diversos amparos para exigir a la autoridad encargada de la investigación que citará a declarar a los responsables que sigan con vida, entre ellos al expresidente Luis Echeverría, en su calidad de jefe de las fuerzas armadas en el año de la desaparición de Rosendo Radilla (amparo indirecto 47/2018).
También, como parte de los amparos presentados, se pidió obligar a las autoridades a realizar acciones inmediatas a favor de la búsqueda efectiva de Rosendo Radilla (amparo indirecto 565/2018). Como resultado, se logró la declaración del expresidente Luis Echeverría, pero continúa siendo insuficiente para la plena identificación y determinación de los responsables, labor que sigue sin cumplir la autoridad ministerial. Tampoco se ha logrado conocer el paradero de Rosendo Radilla.
Esta es la vida de una familia que por 44 años ha exigido verdad, justicia y plena reparación. Han vivido 44 años de búsqueda desde el dolor y la frustración, de desilusiones y de nuevas esperanzas; esperando que Rosendo Radilla Pacheco vuelva y que la vida, si es posible, vuelva a ser como fue hace 44 años ante de su desaparición y del inicio de una guerra que parece nunca acabar.
Las respuestas a estas exigencias ahora las tendrá que dar el nuevo gobierno federal, no sólo a través de la efectiva investigación de este caso, sino de los más de 37 mil casos de desaparición registrados hasta el día de hoy, a través de la implementación oportuna e integral de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de que está nueva esperanza que se ha alimentado en la sociedad mexicana no quede vacía, como lo ha sido para la familia Radilla Martínez durante cuatro décadas.

* Natalia Pérez Cordero es abogada del Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR.

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