jueves, 12 de julio de 2018

EMITEN LA PGJCDMX Y SEDESA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA NOTIFICAR AL MP CASOS DE VIOLENCIA EN MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS INGRESADAS A HOSPITALES

 
 
 
 
 
* Sensibilizar a los servidores públicos de la Procuraduría y de la Secretaría de Salud, uno de los objetivos específicos dentro del instrumento
La Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) y la Secretaría de Salud (SEDESA) de la Ciudad de México, emitieron el protocolo de actuación que seguirá su personal para notificar de manera inmediata al agente del Ministerio Público cuando en alguna Unidad Médica se identifique un caso de violencia en mujeres, adolescentes y niñas, que pueda causarles daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte.
 
En atención a la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA-2005 y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, las dependencias implementarán el instrumento de seguridad a partir de este miércoles para proporcionar una atención interdisciplinaria y especializada con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos, interés superior de la niñez y de la víctima, bajo los principios de debida diligencia, efectividad, legalidad, calidad y eficacia por parte de los entes públicos.
 
Dentro de los objetivos específicos del protocolo, está el de sensibilizar a los servidores públicos de la Procuraduría y de la Secretaría de Salud capitalinas en materia de violencia por razón de género y favorecer el empoderamiento de las víctimas; además de propiciar coordinación con otras instancias para realizar una canalización oportuna de las víctimas.
 
Cuando sea el caso, serán remitidas al Centro de Justicia para las Mujeres y a los Centros de Atención a Víctimas del Delito de la PGJCDMX; al Servicio para la Atención de la Violencia de Género de la SEDESA y al Servicio Red de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI) de la Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX.
 
El procedimiento de actuación establece que si el personal de la Secretaría de Salud, mediante entrevistas y aplicación de cédulas de diagnóstico, identifica un caso de violencia, brindará la atención integral médica y psicológica a la víctima, registrará en el Aviso y en las Notas Médicas si presenta lesiones físicas y psicológicas, así como vulnerabilidad económica y patrimonial, para evaluar el riesgo en el que se encuentra la víctima.
 
Con lo anterior se proporcionará consejería y orientación encaminada para alcanzar el empoderamiento, se fortalecerán las redes de apoyo y se le informará a la víctima su derecho a denunciar. Si se detectó una agresión sexual, se proporcionarán las acciones específicas para identificar el tipo de atención que requiera la víctima.
 
Para todos los casos se elaborará la nota médica para el expediente de la víctima y se emitirá el Aviso al Ministerio Público, el cual contendrá información de la persona, de la Unidad Médica o razón social, ubicación, fecha, descripción de la violencia detectada, entre otros datos.
 
La notificación al representante social se hará vía física o digital para los efectos legales correspondientes. Si se trata de una niña o adolescente, se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 
Cuando la denuncia se investigue de oficio, el representante social obtendrá la entrevista de la víctima y de posibles testigos; además, dará intervención a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.
 
Por la querella del hospital, el agente del Ministerio Público citará a la víctima para hacerle saber de la notificación que recibió y le hará conocer sus derechos. Si decide denunciar, con su entrevista se integrará la carpeta de investigación.
 
En ambos casos, se determinarán las medidas de protección y se informará a la fiscalía competente para atender el delito del que se trate.
 
El personal de ambas dependencias deberá actuar de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y demás normatividad aplicable.
 
Lo anterior bajo los principios de: acceso efectivo a la justicia, confidencialidad, debida diligencia, debido proceso, enfoque diferencial y especializado, gratuidad, interés superior de la niñez, máxima protección, no discriminación, no victimización secundaria, perspectiva de género, pro persona y respeto al derecho de la libertad sexual y el pleno desarrollo psicosexual de las mujeres.

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