Queridos amigos,
Los empresarios que
conformamos la Coparmex, teníamos más de una década exigiendo una
ley que modificara la estructura regulatoria del País con el fin de
hacerla más efectiva.
Hoy, finalmente
estamos en ese camino. Reconocemos a los poderes Ejecutivo y
Legislativo Federal, por la reciente aprobación de la Ley General de
Mejora Regulatoria. Solo falta su promulgación, que seguramente
ocurrirá el próximo mes de Mayo.
El trabajo no hubiere
fructificado sin el decidido impulso hacia el interior del Gobierno
Federal, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un caso
sobresaliente e incluso atípico de proactividad y alineamiento a la
misión fundacional, entre las instituciones del sector público
mexicano.
Y desde luego, un
amplio reconocimiento a quienes desde la sociedad civil, participaron
en el proceso, desde las instituciones académicas expertas en
políticas públicas hasta organizaciones empresariales, que como la
Coparmex, participaron en todo el trayecto, a lo largo de varios
años.
La
aprobación de esta ley implicó un largo trayecto
legislativo, que inició con una reforma constitucional que dotó de
facultades al Congreso de la Unión para que
pudiese legislar en materia de mejora regulatoria, no solo en el
ámbito federal, sino también para todos
los órganos de gobierno, incluyendo los organismos autónomos.
La audacia de
implementar una reforma tan ambiciosa le ahorró al país la ruta de
hacerlo paulatinamente, municipio por municipio, y desperdiciar en
ello una generación entera.
La Ley llega en un
momento oportuno para resolver una amplia variedad de problemáticas
inherentes a la calidad de la regulación y que suponen uno de
los mayores obstáculos que México enfrenta en términos
de competitividad.
Según
el Índice de Competitividad Global, por ejemplo, México se
encuentra en el lugar 120 de 137 países en
términos de la severidad de la carga impuesta por la
regulación, comparable en forma desfavorable con
paises como Jamaica y Haití. En el mismo índice, la
ineficiencia de la burocracia gubernamental se encuentra como
el tercer factor más problemático para hacer negocios, antecedido
solamente por la corrupción y el crimen.
Para las empresas,
un marco regulatorio excesivo y disfuncional, constituye un inhibidor
de inversión y, por lo tanto, de desarrollo.
Según el
indicador #GastoRegulatorio de #DataCoparmex, las empresas gastan en
promedio 48,871 pesos en cumplir con la carga regulatoria
gubernamental, y en varios estados el promedio se encuentra
incluso por encima de los 100 mil pesos.
Reiteradamente la
COPAMEX ha expuesto cómo la regulación vigente es demasiado
compleja causando pérdida de eficiencia y productividad.
Así, según la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI; casi
la mitad de los usuarios de servicios gubernamentales (46.2%)
reportaron haber tenido problemas al realizar un trámite durante el
año 2017.
Otro inconveniente
es la cantidad de trámites. Según la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER) existen más de 150
mil trámites en el país. En promedio, una persona tiene que
realizar 9.3 trámites al año.
Los requisitos,
plazos y costos de estos trámites, en la mayoría de los casos, no
son transparentes para la ciudadanía, sobre todo en el ámbito
estatal y municipal. Esto facilita que se exijan requisitos y cuotas
que no corresponden legalmente, aprovechando el desconocimiento de
los ciudadanos sobre el marco regulatorio.
En adición a
ello, hay grandes inconsistencias y asimetrías al comparar entre sí,
las regulaciones de los estados y municipios. La
heterogeneidad del marco regulatorio es obvia cuando se analizan
trámites tan recurrentes como las Licencias de Construcción:
mientras que en Tlalnepantla registra un promedio de 12 días su
trámite, en Coatzacoalcos la espera es de más de un año (452
días).
Como resultado de lo
anterior, el gasto regulatorio con el que las empresas se tienen que
enfrentar varía enormemente de una entidad a otra: en estados como
Hidalgo y Chiapas, este gasto ronda los 15 mil pesos, mientras que en
Nuevo León y Baja California Sur la suma puede ascender por arriba
de los 170 mil.
La falta de
transparencia evita que estos datos sean de conocimiento general,
teniendo una implicación adicional sobre la competitividad relativa
de los estados, que podrían competir con estas métricas.
Por último, el más
dañino efecto que induce el marco regulatorio actual, es el
constante abuso de poder y extorsión por parte de las autoridades
en las visitas de inspección a las empresas. La complejidad de
los trámites y los largos plazos de espera, así como la falta de
consistencia en la aplicación de las normas, se traducen en un
incentivo para la corrupción.
Una
de las principales causas para incurrir en actos de corrupción es la
intención de agilizar algún trámite gubernamental y esto ocurre en
todos los estados de la República. Para el
82% de los empresarios encuestados en la Encuesta Nacional de
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2016, los actos de
corrupción se presentan de manera frecuente y/o muy frecuente. Las
entidades donde se percibe más corrupción son la Ciudad de México,
Tabasco y Veracruz.
En Coparmex creemos
que la Ley General de Mejora Regulativa contiene medidas pertinentes
para combatir la corrupción generada por las deficiencias y
complejidades del marco regulatorio, al simplificarla y fortalecer su
transparencia y competitividad.
Destaco cinco de
estas medidas que las autoridades ahora deberán cumplir y que
suponen avances críticos respecto a la regulación vigente:
Primero: La
publicación de tres registros nacionales, a saber el de
regulaciones, el de trámites y servicios, así como el de
inspecciones, en una sola plataforma digital accesible para todo el
público.
Estos
registros facilitarán la comparación de marcos regulatorios
entre entidades y municipios, lo que fomentará la transparencia y la
competitividad.
El primero, es un
registro único que contendrá todas las
regulaciones aplicables en el país, incluyendo todas las
materias y autoridades responsables; abarcará los tres niveles de
gobierno, así como todos los organismos constitucionalmente
autónomos.
El segundo, es un
registro con todos los trámites y servicios a nivel
nacional. Este registro tiene como objetivo brindar certeza acerca de
los únicos requisitos y documentos que se pueden exigir en cada
trámite, además de los plazos de respuesta y los costos que se
deben cubrir.
El tercero, es el
registro de inspecciones. En este registro se encontrarán el
tipo de inspecciones que se pueden realizar, y los costo relacionados
con los servidores públicos facultados para hacerlas.
El segundo
elemento es la denuncia ciudadana que se facilita mediante la
protesta presencial o vía electrónica. Cualquier autoridad a la
que se le impute algún abuso, o incurra en alguna irregularidad
administrativa, o bien un acto de corrupción, estará obligada a
responder en un plazo máximo de 5 días.
Un tercer evento,
consiste en que ahora se usarán expedientes electrónicos
para simplificar el cumplimiento de requisitos documentales y
facilitar la resolución de trámites y
servicios entre diversas autoridades.
Por otro lado, un
cuarto avance es que ahora existirá participación ciudadana
directa en la política de simplificación de regulaciones y trámites
existentes, así como del diseño
de la estrategia de mejora regulatoria continúa. Es decir, un
sistema abierto a la participación ciudadana.
Finalmente, y
considerado el quinto elemento de avance, en un mismo tenor,
se hará obligatoria la realización de
consultas públicas por parte de los poderes ejecutivos
a nivel federal, estatal y municipal ante la imposición de una
obligación de futura regulación. Con esto se busca que los
ciudadanos y las empresas puedan emitir su opinión
con anticipación a cualquier cambio. La realización de las
consultas públicas es un logro para la ciudadanía. Al facilitar la
participación directa de los ciudadanos, se propicia una mejora
continua de los trámites y las regulaciones de una manera más
democrática.
Consideramos que con
estos cinco puntos se reconoce la fortaleza y pertinencia de la
participación ciudadana, dando un acceso directo a la definición
de políticas que afectan su productividad.
Al brindar una
plataforma digital accesible con información completa y actualizada
de todas las regulaciones, trámites e inspecciones, los ciudadanos
dispondrán de una herramienta para defenderse de los abusos de
poder, en tanto que los empresarios tendrán un
mecanismo para comparar los distintos marcos regulatorios sobre
diversos lugares del País, y tomar en base a ello decisiones
informadas que incrementen su productividad y competitividad.
Estimados amigos,
Tenemos la firme
creencia de que esta ley abonará a la creación
del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, y que tendrá en su
momento la misma relevancia que los Sistemas Nacionales de
Transparencia, de Fiscalización y el Sistema Nacional
Anticorrupción, y que, junto con ellos, servirá para impulsar la
competitividad en nuestro país.
Una vez que sea
promulgada y entre en vigor, empezará un arduo camino para
desactivar o simplificar los cerca de 150 mil trámites que inciden
en la actividad empresarial.
México requiere de
una regulación moderna, que haga germinar a las empresas,
promoviendo la competitividad en beneficio la economía
de mercado.
Hoy
se ha dado un gran paso en esa dirección.
Les envío cordial y
respetuoso saludo.
Muchas gracias
